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jueves, 13 de diciembre de 2007

Nueva Jersey, primer estado que aprueba abolir la pena de muerte en EEUU desde 1976


SUPERA LOS TRÁMITES PARLAMENTARIOS
En 'dos o tres días' tendrá carácter definitivo tras la firma del gobernador
Iowa y Virginia adoptaron una medida similar hace 42 años
La pena capital fue suspendida por el Supremo hasta su restitución en 1976
Se convertiría en el decimocuarto estado de la Unión sin pena de muerte

El gobernador de Nueva Jersey, Jon Corzine, en una foto de archivo. (Foto: EFE)
Actualizado viernes 14/12/2007 03:21 (CET)
AGENCIAS
TRENTON (NUEVA JERSEY).- El estado de Nueva Jersey será el primer estado de Estados Unidos en abolir la pena de muerte en el país desde que el Tribunal Supremo restableció la pena capital en 1976. Los últimos precedentes se remontan a 1965, cuando Iowa y Virginia adoptaron medidas similares. Sólo falta la firma del gobernador que llegará en "dos o tres días".

Los legisladores de la asamblea estatal, controlada por los demócratas, votaron a favor de eliminar la pena de muerte y sustituirla por cadena perpetua sin la posibilidad de obtener libertad condicional para quienes sean hallados culpables de los crímenes más serios.

Con 44 a favor y 36 en contra, la decisión había sido aprobada ya por el Senado estatal esta semana y sólo queda pendiente la firma del gobernador de Nueva Jersey, Jon Corzine, que se opone a la pena capital. Ésta llegará en "dos o tres días" en palabras del propio gobernador.

Nueva Jersey, que no ha realizado ninguna ejecución desde 1963 (cuando Ralph J. Hudson, de Atlantic City, fue electrocutado por el asesinato de su esposa), se convertiría en el decimocuarto estado de la Unión sin pena de muerte en un momento en el que su aplicación está descendiendo en la mayoría de los 37 estados en donde está permitida, así como por el Gobierno federal y el Ejército estadounidense.

Iowa y Virginia son los últimos estados que han votado a favor de la abolición de la pena de muerte en 1965.

Ocho condenados a muerte
En este estado hay ocho convictos en el corredor de la muerte, que, si efectivamente el proyecto se convierte en Ley, verán cómo sus penas se convierten en cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. También hay dos hombres que en 2008 serán juzgados por el asesinato de un matrimonio y sus dos hijas menores y para los que también se pide la pena capital.

Mantener el castigo tiene un coste para el erario público de unos 11 millones de dólares al año y, según el proyecto promovido por el asambleísta puertorriqueño Wilfredo Caraballo, ese dinero se destinará ahora a ayudar a familias de las víctimas.

'No es una cuestión política ni partidista, sino de conciencia'

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Además de Nueva Jersey, la pena de muerte se aplica hasta ahora en 37 de los 50 estados, aunque en este momento está en virtual moratoria mientras el Tribunal Supremo analiza un recurso presentado a favor de dos condenados a muerte en Kentucky que cuestiona el uso de la inyección letal, por considerar que viola la Constitución. La decisión se espera para julio de 2008.

Según el Centro de Información estadounidense de la Pena de Muerte, desde que se restableció la pena capital en EEUU, en 1976, han sido ejecutadas en el país 1.099 personas, cerca de 400 de ellas en Texas, el estado en el que más veces se ha aplicado.

'Una cuestión de conciencia'
"Estoy satisfecho con el resultado, en especial porque en unas tres semanas dejaré la Asamblea estatal y siento que dejo mi puesto después de haber cumplido con la tarea que se me encomendó", dijo Caraballo en conferencia de prensa tras la votación del pleno de la Asamblea en su última sesión del año.

Mantener el castigo tiene un coste para las arcas públicas de unos 11 millones de dólares al año

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Concluye así un año de proceso legislativo para impulsar una medida que, para su promotor, "no es una cuestión política ni partidista, sino de conciencia".

Para iniciar la tramitación parlamentaria, el poder legislativo de Nueva Jersey siguió las recomendaciones de un comité creado en 2006, integrado por trece miembros independientes, para estudiar todos los aspectos de la pena capital.

Tras nueve audiencias públicas a las que acudieron setenta organizaciones e individuos, entre éstos familiares de víctimas, policías, religiosos, defensores y opositores del controvertido castigo, el grupo recomendó que fuera sustituida por cadena perpetua sin derecho a libertad.
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