Nuevo informe conjunto propone
un decálogo de medidas para impedir que la actual crisis sanitaria se
transforme en una crisis alimentaria.
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| Foto: Archivo |
Santiago de Chile- Junio 2020.- Producto de la crisis provocada
por la pandemia del COVID-19, la población en condiciones de pobreza extrema en
América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas en 2020,
lo que implicaría un alza significativa en los niveles de hambre, debido a la
dificultad que enfrentarán dichas personas para acceder a los alimentos,
señalaron hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO).
Ambos organismos presentaron
un informe conjunto titulado Cómo evitar que la crisis del COVID-19 se
transforme en una crisis alimentaria: Acciones urgentes contra el hambre en
América Latina y el Caribe, en el que proponen acciones urgentes para enfrentar
el alza del hambre producto de la pandemia en los países de la región.
Según el informe, tras siete
años de lento crecimiento, América Latina y el Caribe podría ver la mayor caída
del PIB regional en un siglo (-5,3%), lo que traerá en 2020 un aumento de la
pobreza extrema de 16 millones de personas con respecto al año anterior,
sumando 83,4 millones en total. El impacto sobre el hambre será también muy
significativo, tomando en cuenta que en 2016-2018 ya había 53,7 millones de
personas en inseguridad alimentaria severa en América Latina.
Los efectos de la crisis ya
son visibles en los sistemas alimentarios: la vulnerabilidad de los
trabajadores ha crecido y los precios internos de los alimentos están subiendo
más que el precio de otros productos de la canasta básica, según el Índice de
precios al consumidor IPC. Por el aumento del desempleo y la caída en los
ingresos, millones de personas no están pudiendo adquirir suficientes
alimentos, y muchas otras están teniendo que optar por alimentos más baratos y
de menor calidad nutricional.
Bono contra el hambre para la
población vulnerable y crédito para los productores
“La gran tarea que tenemos por
delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis
alimentaria. Para ello proponemos complementar el Ingreso Básico de Emergencia
(IBE) con la entrega de un Bono Contra el Hambre (BCH)”, indicó Alicia Bárcena,
Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.
“En América Latina podemos
tener un retroceso histórico en la lucha contra el hambre. Podemos perder lo
que hemos logrado en quince años en tan sólo un par de meses. Millones de
personas pueden caer en el hambre. Esa es la gravedad del problema actual”,
explicó el Representante Regional de la FAO, Julio Berdegué.
Según el informe, el Bono
Contra el Hambre podría materializarse en la forma de transferencias
monetarias, canastas o cupones de alimentos a toda la población en situación de
pobreza extrema por un período de seis meses, equivalente al 70% de la línea de
pobreza extrema regional (47 dólares de 2010). Su costo equivaldría al 0,06%
del PIB regional, si se entrega únicamente a la población en pobreza extrema
mayor de 65 años, o al 0,45% del PIB si se da cobertura a toda la población en
pobreza extrema. La CEPAL y la FAO recomiendan la segunda opción, lo que
tendría un costo estimado de 23.500 millones de dólares.
Para los productores del
sistema alimentario se plantea un incremento de al menos un 20% de la cartera
promedio de créditos de los últimos tres años, que sumaría alrededor de 5.500
millones de dólares, para créditos en condiciones favorables que sean
financiados por una línea especial de la banca multilateral y de las bancas de
desarrollo. Adicionalmente, para las unidades agrícolas familiares más
rezagadas, un kit básico de inversión (250 dólares) con un costo de 1.700
millones de dólares en la escala regional. Se hace un llamado a la cooperación
internacional para apoyar a los países en mayor situación de vulnerabilidad.
Un decálogo de medidas para evitar la crisis alimentaria
Las agencias proponen el bono
como parte de un decálogo de medidas para que todos los hogares accedan a una
alimentación suficiente y nutritiva, las empresas y actores del sistema
alimentario puedan realizar sus tareas, y los países cuenten con suficientes
alimentos para garantizar el abasto a precios razonables.
Las otras medidas del decálogo son:
Reforzar los programas de alimentación
escolar para garantizar la alimentación de niños, niñas y adolescentes.
Apoyar las iniciativas de asistencia
alimentaria de las organizaciones de la sociedad civil.
Apoyo financiero (crédito y subsidios
productivos) para las empresas agropecuarias, orientado principalmente a la
agricultura familiar.
Ajustar los protocolos de sanidad y salud
en la producción y el transporte de alimentos y en los mercados mayoristas y
minoristas.
Expandir y garantizar el funcionamiento de
los programas de apoyo a la producción de autoconsumo.
Asegurar el financiamiento, la asistencia
técnica y el acceso a insumos y mano de obra a los agricultores y pescadores
artesanales.
Establecer mecanismos ágiles de consulta y
coordinación público-privada entre todos los actores del sistema alimentario.
Impedir que los mercados mayoristas y
minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones.
Continuar con las políticas que han
mantenido abierto el comercio mundial de alimentos, en particular evitando
medidas proteccionistas que aumenten el precio de los alimentos.
Evitar que la crisis del
COVID-19 se transforme en una catástrofe alimentaria. Acciones urgentes contra
el hambre en América Latina y el Caribe
FAO
Benjamín Labatut
Santiago, Chile
Paula Figari
Santiago, Chile
CEPAL
Fuente: Unidad de Información
Pública de la CEPAL en Santiago, Chile.
Ajuste de contenido y diagramación: bersoahoy.co
