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jueves, 14 de enero de 2010

Cambios innovadores en ayuda estadounidense a Colombia y Guatemala

Una nueva ley de apropiación contiene financiación sin precedentes para la protección de defensores de derechos humanos


(Nueva York,  enero de 2010) Human Rights First elogió hoy la aprobación de una ley, que por primera vez, vincula asistencia estadounidense a Colombia y Guatemala para protección de los defensores de derechos humanos en esos países.

Andrew Hudson de Human Rights First (grafica)

La ley de apropiaciones para operaciones en el extranjero del 2010, aprobada por el Congreso a finales del año pasado, contiene dos provisiones innovadoras que han sido durante mucho tiempo el enfoque de las recomendaciones de Human Rights First. La ley crea una nueva condición para la ayuda estadounidense a Colombia que requiere que el gobierno colombiano proteja los derechos de los defensores de derechos humanos. Con respecto a Guatemala, la ley asigna $2 millones para el Ministerio de Gobernación y la policía para financiar programas de protección específicamente para defensores de derechos humanos.

“Felicitamos a los legisladores por haber aprovechado la oportunidad para hacer una diferencia en Colombia y en Guatemala. Esta legislación literalmente salvará vidas,” dijo Andrew Hudson de Human Rights First.

Hudson nota que una condición en la ayuda estadounidense a Colombia relacionada a defensores requerirá que el Departamento de Estado de los EEUU certifique que el gobierno colombiano esté respetando los derechos de defensores. La nueva condición proporciona una capa adicional de protección para los activistas colombianos. Para complementar este nuevo requisito, Human Rights First le insta al Departamento de Estado a redoblar sus esfuerzos diplomáticos para alentar al gobierno colombiano a cumplir con esta nueva condición. En particular, el Fiscal General de Colombia debe adoptar medidas firmes para poner fin al uso de las falsas acusaciones y la detención arbitraria para estigmatizar y silenciar a activistas.

En Guatemala, la ley proporciona $2 millones para la Instancia de Análisis de Ataques a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos del Ministerio de Gobernación y la Unidad de la División de Investigación Criminal de la Policía asignada a trabajar con la instancia, como también a otras instituciones. Esta financiación debería permitir Guatemala a establecer un programa de protección de último modelo que salvara vidas e incluirá carros blindados y escoltas. Human Rights First le urge al gobierno estadounidense a trabajar atentamente con defensores de derechos humanos guatemaltecos y sus aliados de confianza dentro del gobierno de Guatemala para garantizar que esta financiación se lleve a cabo de manera eficaz.

Human Rights First ha pedido durante mucho tiempo por estos cambios en la asistencia de los EEUU, incluyendo en un testimonio ante la Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos en 2009.

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Human Rights First es una organización internacional de derechos humanos con sede en Nueva York y Washington, D.C. Desde 1978, ha trabajado en los Estados Unidos y en el exterior para crear un mundo seguro y humanitario—promoviendo la justicia, la dignidad humana y el respeto al principio de legalidad. Las actividades de Human Rights First son realizadas gracias al apoyo de las contribuciones privadas y no acepta recursos gubernamentales.
Para más información visite http://www.humanrightsfirst.org/

lunes, 23 de marzo de 2009

Colombia: Corte pide respeto a sus sentencias ante EE.UU

Colprensa

El pronunciamiento de Javier Zapata, presidente de la Corte, se produjo en respuesta a Estados Unidos que protestó por la no extradición de dos guerrilleros de las Farc.
Colprensa / El País

“Jamás dicidiremos nuestros asuntos con autoridades extranjeras”, dijo Presidente del tribunal.

"Nosotros somos independientes y autónomos”, dijo el magistrado Javier Zapata Ortiz, presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia, al solicitar respeto por sus decisiones y rechazar cualquier ingerencia de los Estados Unidos en la manera como procede la justicia colombiana.

“Jamás nos sentaremos a decidir nuestros asuntos y nuestras providencias con autoridades extranjeras", agregó Zapata cerrando de una vez por todas la posibilidad de un encuentro entre los integrantes de ese alto tribunal con autoridades estadounidenses para analizar las razones que han evitado extradiciones de colombianos hacia ese país.

“Ejerciendo la soberanía del Estado colombiano somos independientes y autónomos”, reiteró el jurista al coincidir con recientes pronunciamientos de otros altos tribunales el tal sentido.

El 11 de marzo el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Hernando Torres Corredor, manifestó que la justicia colombiana “reclama de las distintas autoridades, sean estas nacionales o extranjeras, respeto y acatamiento de la autonomía e independencia que le son características a los funcionarios judiciales”.

No obstante, Zapata admitió que se reunirá cuantas veces se requiera con el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, o con cualquier otro funcionario de ese país, pero sólo con el ánimo de adelantar conversaciones de tipo académico, nunca para discutir fallos de esa corporación.

Aunque Zapata calificó como normal el que desde Estados Unidos se envíen notas diplomáticas a Colombia expresando su malestar por la negativa dada desde la Corte Suprema a una extradición, señaló que ese tipo de decisiones se adoptan conforme a la ley y la Constitución Nacional.

Desde que asumió el poder hace más de seis años, el presidente Álvaro Uribe Vélez ha enviado a Estados Unidos a más de 850 colombianos, la mayoría de ellos sindicados de tráfico de estupefacientes y lavado de activos.

El pronunciamiento del Presidente de la Corte Suprema de Justicia se produjo luego de que el Gobierno de Estados Unidos entregara una nota de protesta a Colombia por las "inconsistencias" del alto tribunal en sus fallos para conceder la extradición de guerrilleros de las Farc sindicados de terrorismo y secuestro por la justicia estadounidense.

La "enérgica" protesta del Departamento de Justicia de EE.UU. asegura que la Corte colombiana ha dado una lectura "errada" a las solicitudes de extradición y resalta que las sentencias son "inconsistentes" con casos anteriores en los que sí permitió la entrega de rebeldes.

Además, solicita a la Corte Suprema "reconsiderar" su posición.

El malestar principal de EE.UU. se debe al rechazo del tribunal a las solicitudes de extradición de alias César y alias Gafas, los dos guerrilleros de las Farc encargados de custodiar a Ingrid Betancourt, tres estadounidenses y once uniformados colombianos que fueron rescatados en julio pasado en la ‘Operación Jaque’.

Washington los acusa a ellos de dar apoyo material a un grupo terrorista y del secuestro de tres estadounidenses que permanecieron más de cinco años en poder de las Farc.

El viernes pasado, el embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, afirmó en Washington que su país desea dialogar con la Corte Suprema de Justicia de Colombia para tratar de llegar a un acuerdo sobre las extradiciones, tras la negativa de esa corporación de autorizar el envío de ‘César’ y ‘Gafas’. Volver a Inicio >

viernes, 23 de enero de 2009

Gobiernos de cuatro departamentos del Centro–oriente ultiman financiación de vía entre Colombia y Venezuela propuesta por sector privado


Autorneto > Referencia > Noticias Mundiales > Economía
por , Jan 23, 2009
El ministro del transporte de Colombia, Andrés Uriel Gallego, y el gobernador de Santander, Horacio Serpa Uribe, presidieron una minicumbre en Bucaramanga para ultimar detalles del megaproyecto que fortalecerá el comercio binacional entre las dos naciones sudamericanas.

Asistentes

En la reunión llevada a cabo en la sala de juntas entre el Ministro de Transporte, de Colombia, Andrés Uriel Gallego, los Gobernadores de Santander, Horacio Serpa Uribe; Norte de Santander, William Villamizar; Cundinamarca, Andrés González, y Boyacá, José Rozo Millán. Igualmente participaron Álvaro José Soto García, director del Instituto Nacional de Concesiones, Inco, y representantes de las concesiones viales del oriente. LEER MAS >

viernes, 10 de octubre de 2008

Conmoción interior por paro de la justicia


Colprensa

Trabajadores. Conocida la implantación de la conmoción, Asonal Judicial dijo, a través de sus directivos, que seguirá en paro y demandará los decretos ante la Organización Internacional del Trabajo, OIT. / El País

El presidente Uribe anunció anoche la medida, para evitar que la anarquía se imponga en el país.

Para conjurar el paro judicial, que ya llegó a los 35 días, el Gobierno Nacional determinó anoche decretar el estado de conmoción interior y frenar de esta forma la parálisis del sector.

Según el presidente Álvaro Uribe Vélez, la medida se adoptó luego de conocerse que han sido liberadas 2.720 personas capturadas, la congelación de 120.000 procesos, 36.000 tutelas y 35.000 audiencias públicas.

Además, el fiscal Mario Iguarán le manifestó al Primer Mandatario su preocupación por la situación, que de no tomarse medidas, los capturados por el asesinato de Liliana Gaviria, hermana del ex presidente César Gaviria, saldrían en libertad, además, de los implicados en el holocausto del Palacio de Justicia.

“El Gobierno ha declarado el estado de conmoción interior para el tema de la justicia (...) en este momento el Gobierno tiene que cumplir con la tarea de sacar a delante este estado, seguir en el proceso de consulta y permitir que la justicia opere”, dijo Uribe Vélez.

Los decretos, que regirán a partir de hoy, tienen como reto la descongestión de procesos judiciales, “y básicamente superar está situación tan gravosa de la parálisis”, expuso el Presidente.

Así las cosas, y conforme a lo dicho por el ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, quien acompañó al presidente Uribe al anunciar la medida, el decreto entregará facultades al Consejo Superior de la Judicatura “para crear, suprimir, trasladar, nombrar y posesionar a funcionarios que garanticen la prestación del servicio público esencial de la Justicia”. Lo que significaría la postulación de nuevo personal en reemplazo de quienes se mantengan en huelga.

También permite la adopción de medidas que permitan descongestionar, “mediante atribuciones de competencia a los notarios, todos los procesos de jurisdicción voluntaria, incluidos los de adopción”.

Asimismo, entregará facultades a la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura, “para suspender funcionarios judiciales que de manera injustificada se abstengan de prestar sus servicios al público, autorizar a los jueces para rechazar demandas por carencia de fundamentos”, y modificar el Código de Procedimiento Civil “que permita conjurar los efectos originados por el paro, que han agravado la congestión de los despachos judiciales”.

Según el Artículo 213, el estado de conmoción interior puede ser decretado “en toda la Nación o parte de ella, por término no mayor a 90 días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere el concepto previo y favorable del Senado de la República".

Reacción de Asonal

El sindicato judicial convocó para hoy una reunión “urgente y extraordinaria” con todas las juntas directivas de los sindicatos nacionales a las 2:00 de la tarde en las instalaciones de Fecode, en Bogotá, y las correspondientes sedes en cada ciudad del país.

El presidente de Asonal Judicial, Fabio Hernández, quien se había reunido poco antes con el presidente del Senado, Hernán Andrade, para encontrarle salidas al paro, aseguró que el cese de actividades continuará y aseguró que la medida tomada por el Gobierno no tiene justificación.

“Es equivocado pensar en una conmoción interior porque exista un paro. Esta no es una causa válida, porque según el Articulo 213, para declararla deben presentarse hechos que atenten el tema de orden público, sumamente graves, que pongan en peligro el Estado, las instituciones y la convivencia social”, dijo Hernández.

¿Para qué es la conmoción interior?

La conmoción interior es una facultad que le entrega la Constitución al Gobierno ante una situación de grave circunstancia de orden público, que le permite expedir medidas de carácter legal.

Es tanto el “peso” de este estado constitucional que los decretos de carácter legislativo expedidos por el Gobierno Nacional “pueden suspender las leyes incompatibles con el estado de conmoción y dejarán de regir tan pronto se declare restablecido el estado de orden público”.

Esto no es otra norma que la que está consignada en el Artículo 213 de la Constitución Política de Colombia.

¿Qué trámite deberá surtir el decreto?

Una vez sean emitidos los decretos anunciados, éstos deberán ser enviados al Congreso de la República para justificarlos y deberán ser remitidos a la Corte Constitucional. Esto tendrá que hacerse de manera paralela.

Inmediatamente lleguen a la Corte Constitucional los magistrados de este tribunal, de manera automática, deberán estudiar si las razones que motivaron la declaratoria cumplen los parámetros contemplados en la Constitución Nacional y su respuesta deberá ser emitida en un término no mayor a los 45 días.

En sus palabras

"Se busca cumplir la meta de que en el 2010 la justicia esté al día en todas sus obligaciones”: Álvaro Uribe, presidente.

"Lo aconsejable hubiese sido que las partes hubieran llegado a una acuerdo. Hubiese valido la pena esperar un poco más para tomar una decisión tan trascendente como ésta”: Rafael Ostau, vicepresidente del Consejo de Estado.

"Esta fue la mejor salida que pudo haber encontrado el Gobierno. El paro llegó a un punto insostenible y es perfecto que se tomen medidas en el asunto”:

Samuel Arrieta, presidente de Convergencia Ciudadana.

"El pronunciamiento fue exagerado. Nosotros estamos ejerciendo un derecho constitucional y pedimos ser escuchados. Al Presidente se le fueron las luces”: Esperanza Delgado, vocera de Asonal Judicial Cali.

"La parálisis judicial es muy delicada para el país y creo que el mensaje del Presidente se puede tomar como positivo. Pero hay que resolver los problemas de la Rama Judicial”: Alejandro Arenas, decano Colegiatura de Abogados Litigantes de Cali.

Pros y contras de la medida

Conocida la decisión de adoptar la conmoción interior, de inmediato generó opiniones encontradas.

Para el ex procurador Jaime Bernal Cuéllar, una de las finalidades del estado de conmoción es “controlar el problema de alteración de orden público”, de manera que los decretos que se dicten apunten de manera exclusiva a restablecer lo alterado.

Según Bernal, puede ser invocada por tres razones: que la perturbación del orden público atente contra la estabilidad institucional, contra la seguridad del Estado y contra la convivencia pacífica ciudadana.

Señaló que su vigencia no puede superar los 90 días, aunque puede ser prorrogada dos veces más, por el mismo término, pero sustentándolo.

Para Alfredo Beltrán, ex presidente de la Corte Constitucional, el paro no es razón que justifique la declaratoria de conmoción, pues esta posibilidad sólo está consagrada para controlar “graves alteraciones del orden público, que no puedan ser controladas con las facultades normales del Ejecutivo”.

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sábado, 4 de octubre de 2008

Nuevo enfrentamiento entre Colombia y Ecuador


Elpais.com.co - Colprensa - El Gobierno de Colombia insistió al ecuatoriano a demostrar efectiva colaboración en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Mediante un comunicado de Presa emitido por Presidencia de la República, recordó al Gobierno ecuatoriano que a través del Embajador de Colombia ante la OEA, Camilo Ospina, se hizo entrega formal a esta organización de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, relacionadas con incautaciones de explosivos provenientes de Ecuador.

Además, insistió en que a las autoridades del vecino país se les ha dado la ubicación de campamentos de las Farc, cultivos ilícitos y laboratorios para procesamiento de coca perteneciente a las Farc, en Sucumbíos, Ecuador. “Así mismo, cabe recordar que hace dos semanas el Gobierno de Colombia advirtió que cuatro miembros del CTI habían sido secuestrados por las Farc del lado colombiano, pero llevados al Ecuador, cerca a la población fronteriza de Pueblo Nuevo, donde los tuvieron en un campamento de esta agrupación terrorista, junto a un laboratorio de procesamiento de coca”, dice el comunicado.

El pronunciamiento colombiano se produjo poco después que el presidente ecuatoriano Rafael Correa criticara fuertemente la inasistencia de Álvaro Uribe Vélez a la cumbre de la CAN que se realiza en Quito, alegando la falta de compromiso de esa país en la guerra contra las Farc y el narcotráfico. Volver a Inicio >

lunes, 15 de septiembre de 2008

El "caso Colombia" en el Parlamento Europeo


Escrito por Sergio Ferrari*
13-09-2008
Ecos del Tribunal Permanente de los Pueblos.

Entrevista con Bruno Rütsche, (gráfica) representante suizo en el TribunalA mediados de septiembre , entre el 15 y el 18, el "caso Colombia" ocupará la atención del Parlamento Europeo.
En su sede de Bruselas se realizará el Tribunal Internacional de Opinión (TIO) que dará continuidad a una iniciativa que acaba de realizarse en Bogotá. En efecto, casi dos meses atrás, el 23 julio pasado, el Tribunal Permanente de los Pueblos había condenado a ese Estado latinoamericano y su Gobierno por violaciones a los derechos humanos. Y también sancionó a numerosas empresas multinacionales, entre ellas cuatro helvéticas, allí implantadas. Bruno Rütsche, educador y pedagogo helvético que vivió entre 1983-1986 en dicho país, secretario del Grupo de Trabajo Suiza-Colombia, "militante social y de los derechos humanos", según su propia definición, fungió en tanto *juez* en el capítulo colombiano.
Junto con el premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel –presidente-; con el sociólogo belga François Houtart , el magistrado francés Philippe Texier y otras personalidades del mundo entero.P: ¿En qué consiste esa próxima iniciativa en relación a Colombia que se realiza en el Parlamento Europeo? R: Será un esfuerzo para informar y sensibilizar sobre las decisiones del capítulo Colombia del Tribunal Permanente de los Pueblos.
Que es un tribunal de opinión y de incidencia, que se encarga de sancionar crímenes contra la humanidad no juzgados en otros tribunales. Luego de varias audiencias preliminares, el Tribunal se clausuró en la capitalina Universidad Nacional, en un enorme auditorio en el que se reunieron en torno a 2.500 personas. P: ¿Por qué llevar ahora esas resoluciones a este TIO a realizarse en el Parlamento Europeo? R: Porque hay muchas de la treintena de empresas multinacionales involucradas que tienen su sede oficial en Europa.
Se intenta crear conciencia de la necesidad de condicionar la política económica de los Estados y la acción de las trasnacionales a la legislación internacional. Incluso con el concepto de *acción vinculante*. Es decir, se busca promover que las trasnacionales que actúan en diversas regiones del mundo respeten las leyes de su país de origen. Y si no lo hacen, que puedan ser sancionadas por dichas normas jurídicas.
IMPUNIDAD DE LAS "MULTIS"
P: ¿La decisión del Tribunal significa que en Colombia las multinacionales tienen potestad para hacer lo que quieren? R: En cierta manera es así. Una de las principales conclusiones de este capítulo Colombia del Tribunal va en esa línea. Las multinacionales condicionan y aprovechan al Estado; irrespetan leyes existentes –incluso la misma Constitución Nacional de 1991-; y presionan para la elaboración de otros instrumentos jurídicos que les son favorables. Y, fundamentalmente, quedó en evidencia la agresividad de la acción de esas grandes empresas que para aumentar ganancias no dudan en violar los derechos de los pueblos indígenas, de los campesinos, de los trabajadores y sindicatos.
Una enorme impunidad en su acción...
P: ¿Podría dar algunos ejemplos? R: Con abultada documentación el tribunal probó que el Código de Minería de Colombia, por ejemplo, fue elaborado por ex - gerentes de empresas privadas mineras, instaurando normas lesivas a los derechos de los pueblos. Y se probó también que la avaricia de dichas multinacionales, que han aumentado su saqueo de Colombia en estos últimos 20 años, no tiene límites. En muchos casos, son responsables o co-responsables de buena parte del desplazamiento forzado de más de 4 millones de campesinos en igual período. Hay también en cierta forma una co-responsabilidad en el asesinato de 4 mil sindicalistas que se dio en este mismo período, ya que no se conoce ninguna condena enérgica de las transnacionales frente a estos crímenes. Más bien ellas se han beneficiado de dicha política antisindical.
Por otra parte, son 28 los pueblos indígenas, sólo en ese país sudamericano, condenados a la extinción como consecuencia de las políticas agresivas -hacia las tierras y territorios- promovidas por algunas de estas multinacionales. Todo esto está debidamente documentado y probado. La resolución del Tribunal tiene más de 40 páginas. La audiencia previa en Atanquez sobre genocidio indígena, también en julio pasado, cuenta con casi 20 páginas. Sin olvidar los cientos y cientos de documentos recibidos y analizados por el Tribunal.
LAS MULTIS SUIZAS EN LA DANZA P: ¿Entre esas multinacionales condenadas hay algunas suizas? R: En efecto, son cuatro. La Nestlé , Holcim, Glencore y Xtrata. P: Puede explicarnos en que consisten las violaciones de las mismas... R: La Nestlé es un caso muy sonado. Muy mediatizado en Colombia dado que como multinacional de la alimentación sus productos están presentes en cada mercado. Y además, porque se han dado asesinatos de dirigentes sindicales de la Nestlé , que habían dirigido o acompañado conflictos sociales.
Nunca esclarecidos. También se la vincula a casos de polución de agua y otros aspectos ambientales. La Glencore es menos conocida, tanto en Colombia como en Suiza mismo. Compró la refinería de Cartagena –que antes estaba nacionalizada- y tiene minas de carbón en varias regiones del país. Ha sido mencionada en el Tribunal especialmente por sus políticas anti-sindicales, por su insensibilidad ante las reivindicaciones sociales.
Por otra parte, algunas de las regiones mineras donde actúa son conocidas por la alta presencia de paramilitares. Se podría imaginar nexos. Xtrata, con participación en la Mina del Cerrejón, se benefició del desalojo de varios pueblos indígenas, especialmente afro descendientes, para ampliar la mina. Sin resolver ni la indemnización ni la reubicación de los afectados. En cuanto a la cementera Holcim, se la identifica particularmente por explotar arena en zonas urbanas de Bogotá, aumentando la polución del agua y del medioambiente y amenazando la salud de barrios populares capitalinos.
Un ex - gerente de la Holcim participó en la reelaboración de las leyes mineras. Esto es sólo una parte de lo que fue analizado en el Tribunal... P: Este verano explotó un sonado caso en Suiza que indica que la empresa privada de seguridad *Securitas* infiltró hace algunos años por encargo de la Nestlé al movimiento social ATTAC ¿Se conocieron estos hechos en el Tribunal? R: Sí. Llegaron las informaciones al Tribunal. Se estudió una fornida documentación elaborada sobre el caso por Multiwatch. Y esta información causó mucho estupor en Colombia. No se podía creer que esto hubiera pasado en Suiza.
Este caso integra la documentación final del Tribunal. P: ¿Si regresamos al inicio de nuestro diálogo, se puede decir que la resolución del Tribunal fue muy enérgica? R: En efecto. No sólo condenando al Estado y al Gobierno actual, sino también fue ejemplar al sancionar la responsabilidad de algunas de las multinacionales presentes hoy en Colombia. Y creo que esta sentencia tiene un valor particular. Ya que desenmascara la política neoliberal agresiva a nivel global a partir del caso concreto de Colombia.
No se puede olvidar, además, que esa política implementada en Colombia es avalada y promovida por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial y por la Organización Mundial del Comercio... P: ¿ Las conclusiones del Tribunal de los Pueblos además de ser presentadas en el Parlamento Europeo, serán enviadas a otras instancias internacionales? R: Las resoluciones y fallos, las actas de sustentación y un archivo básico han sido ya enviadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional y a distintas instancias del sistema de Naciones Unidas. Incluso se está barajando la idea de impulsar, en algún tiempo, la creación de una Corte Penal Internacional que condene los crímenes económicos. En torno al trabajo del Tribunal está también muy presente la necesidad de luchar contra la impunidad que impera en relación a muchos de los casos estudiados, sea con responsabilidad del Estado o de las grandes empresas trasnacionales. El objetivo último sería poder enjuiciar directamente a las multinacionales en los organismos de Naciones Unidas cuando se compruebe, como en Colombia, la violación de derechos humanos, sociales y culturales.
*Sergio Ferrari Servicio de prensa E-CHANGER UN TRIBUNAL IMPLACABLE Seis *jueces* eran personalidades latinoamericanas de primer nivel. Además de Pérez Esquivel; los juristas Dalmo de Abreu Dallari de Brasil, Marcelo Ferreira de Argentina, y Vilma Nuñez de Escorcia de Nicaragua. Así como Lorenzo Muelas Hurtado (Colombia) y Juana Manquecura Aillapan (Chile) autoridades de los pueblos indígenas. Otros seis, vinieron de Europa. Junto con Bruno Rütsche (Suiza) y François Houtart (Bélgica), participaron Philippe Texier, magistrado de la Corte de Casación de Francia quien es también presidente del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU.
Su colega italiano Franco Hipólito, así como el catedrático español Antonio Pigrau Solé. Y Gianni Tognoni, Secretario general del Tribunal Permanente de los Pueblos. La sentencia, de 54 páginas, es implacable y las condenas son múltiples.
Al Gobierno de Colombia, en ocho diferentes acápites, entre ellos por la violación a los derechos al trabajo, de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales. Así como por "por participación directa e indirecta, por acción y omisión" en prácticas genocidas, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra etc.
La sanción también recae en los grupos paramilitares.
El Tribunal condena además a una treintena de trasnacionales -empresas matrices y filiales colombianas-, entre ellas Coca Cola, Chiquita Brands, Multifruit (filial de Del Monte), Aguas de Barcelona, Telefónica, Canal de Suez, Nestlé, Glencore-Xtrata, Anglo American, BHP Billington, Monsanto, Repsol YPF, Unión FENOSA, Endesa, Holcim etc, "por violaciones graves y masivas de los derechos laborales y específicamente de la libertad sindical; por desprecio de la dignidad y de la vida de los trabajadores y sus comunidades ..." Así como por "fraude a sus accionistas", "participación en la degradación del medio ambiente de Colombia", "vulneración de los derechos colectivos a la tierra", por su co-responsabilidad en prácticas genocidas, crímenes de lesa humanidad etc.
Por último, la sanción recae contra "los Estados cuya nacionalidad tienen empresas matrices de las transnacionales analizadas", así como al Gobierno norteamericano "por su participación decisiva en los planos político, económico y militar, en la creación, mantenimiento e impunidad de la situación que se ha denunciado".
El dictamen denuncia también al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a la Organización Mundial del Comercio, por su responsabilidad en "el aumento de las desigualdades... y por permitir la invisibilización jurídica de las empresas multinacionales..." (SFi) Volver a Inicio > Titulares >

martes, 26 de agosto de 2008

La Corte Penal Internacional inició en Colombia diligencia orientada a esclarecer si el gobierno ha obstaculizado investigaciones por “parapolítica”


El fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo espera claridad del Estado colombiano, sobre la forma como se van a juzgar a los jefes “paramilitares” tras sus declaraciones de ser responsables de crímenes de guerra. La preocupación del alto tribunal es que se traten de dilatar los procesos para que finalmente queden en la impunidad.
----------------------- Fiscal Luís Moreno Ocampo (gráfica)

Un fiscal de la Corte Penal Internacional llegó a
Colombia con el fin de esclarecer un posible intento del gobierno para obstaculizar las investigaciones de la Corte Suprema de justicia alrededor de la “parapolítica”.
El alto funcionario judicial también espera conocer la forma como este gobierno pretende que se juzguen a los responsables de los delitos de lesa humanidad, entre los grupos de extrema derecha, como los llamados “paramilitares”. LEER MAS >

martes, 3 de junio de 2008

OEA garantizará revisión del contenido de los computadores de las FARC


Autorneto > Referencia > Noticias Mundiales

por
, Jun 3, 2008
El trabajo estará orientado a establecer qué material fue escrito por la insurgencia de las FARC para desviar la atención de la información que cayera en manos de las autoridades.

La Organización de Estados Americanos (OEA) asumirá la revisión de los contenidos de los computadores del ex jefe del Secretariado de las FARC, Raúl Reyes, hallados en el campamento que fue bombardeo por el ejército colombiano el pasado primero de marzo en territorio de Ecuador.
MAS AQUI >

viernes, 30 de mayo de 2008

Demandarán penalmente al ex presidente de Colombia, César Gaviria



Un ex funcionario judicial anunció que demandará al ex presidente de Colombia César Gaviria por prevaricato y concierto para delinquir, al crear el sistema UPAC violando la Constitución Nacional.

El
ex presidente de la república de Colombia César Gaviria Trujillo fue acusado por un jurista, de haber prevaricado con la creación del Sistema de Valor Constante -UPAC- para aplicarlo a los deudores de vivienda del sector financiero colombiano.
Decreto ley LEER EN CADENA TRIOND >

miércoles, 28 de mayo de 2008

Más de 150 municipios afectados por el invierno en Colombia



Las lluvias han afectado con mayor intensidad la zona Andina y la región Caribe, donde han quedado 80 mil personas damnificadas. Las inundaciones han causado destrucciones en barrios de zonas populares, cultivos y ganaderías.

Las autoridades colombianas se declararon en máxima alerta ante los graves daños causados por las intensas lluvias que ya dejan centenares de familias damnificadas.


Las comunicaciones terrestres también se han visto afectadas por los derrumbes que han taponado la banca carreteaba en distintas zonas del territorio colombiano. Ampliación en la Cadena Triond >

sábado, 24 de mayo de 2008

Plan de atención para desplazados por la violencia en Colombia

Autorneto > Referencia > Noticias Mundiales



por
, May 24, 2008

Un programa integral de ayuda dirigido a refugiados, puso en marcha las Naciones Unidas en coordinación con el gobierno nacional, a través de planes regionales.

El gobierno colombiano y las Naciones Unidas para la atención de Refugiados, iniciaron un plan de difusión en Colombia, sobre derecho de políticas públicas.

Funcionarios de la dependencia recorren el país con el fin de realizar reuniones con representantes de distintos sectores sociales y gubernamentales en cada capital de departamento.